Modelo 720 y 721 en 2026: bienes y derechos en el extranjero

¿Quién está obligado a presentar el modelo 720?

Están obligados los residentes fiscales en España que sean titulares o titulares reales de bienes y derechos situados en el extranjero por encima del umbral legal. En el bloque de cuentas la obligación se amplía a representantes, autorizados, beneficiarios y personas con poderes de disposición; en el de valores alcanza además a los tomadores de seguros de vida y a los beneficiarios de rentas temporales o vitalicias; en el de inmuebles se limita a titulares y titulares reales. La obligación no depende de la nacionalidad ni del país donde estén los bienes: depende de dónde tenga usted su residencia fiscal en el ejercicio que se declara. También alcanza a los establecimientos permanentes y a las entidades sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria.

Se es residente fiscal en España cuando se permanece más de 183 días del año natural en territorio español, computando las ausencias esporádicas salvo que se acredite residencia fiscal en otro país, o cuando radica en España el núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicos. Además se presume la residencia si residen habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores dependientes, aunque esta presunción admite prueba en contrario.

La condición de residente se mide respecto del ejercicio al que se refiere la información, no del año en que se presenta. Quien se traslada al extranjero a mitad de año sigue obligado si por ese ejercicio debe presentar IRPF en España. Los herederos y legatarios quedan obligados desde que existe aceptación tácita o expresa de la herencia. En País Vasco y Navarra la obligación se rige por su normativa foral o estatal correspondiente.

¿Qué son los tres bloques y por qué el umbral de 50.000 € no es conjunto?

El umbral de 50.000 € se aplica bloque a bloque de forma independiente, no al conjunto del patrimonio situado en el extranjero. Es el error más extendido en internet y el que más declaraciones innecesarias provoca. Los tres bloques del modelo 720 son: cuentas en entidades financieras; valores, derechos, seguros y rentas; e inmuebles y derechos sobre inmuebles. Las monedas virtuales forman un cuarto bloque separado que se declara en el modelo 721.

En el bloque de cuentas se comparan dos magnitudes: la suma de los saldos a 31 de diciembre y la suma de los saldos medios del último trimestre. Si se supera cualquiera de las dos, hay que declarar todas las cuentas. El bloque de valores suma acciones, fondos y ETF extranjeros, el valor liquidativo de las instituciones de inversión colectiva, el valor de rescate de los seguros de vida y el valor de capitalización de las rentas. El de inmuebles se mide sobre el valor de adquisición.

Una vez superado el umbral de un bloque, hay que declarar todo su contenido, incluidos los elementos de importe pequeño: la cuenta olvidada con 300 € entra igual. Los saldos negativos, como una cuenta de crédito en descubierto, se netean con los positivos para determinar si se supera el límite. Y las cuentas en las que se es titular se suman a aquellas en las que solo se es autorizado, salvo que la propia cuenta esté exonerada respecto de su titular —por ejemplo, porque una entidad domiciliada en España deba informar de ella—. Que otro cotitular presente su modelo 720 no exonera al autorizado.

¿Hay que presentar el modelo 720 todos los años?

No. Presentado un bloque una primera vez, solo hay que volver a declararlo si su valor aumenta en más de 20.000 € respecto del que determinó la última declaración presentada por ese bloque, o si durante el año se cancela, extingue o pierde la titularidad o la condición que obligaba a declarar. Fuera de esos dos supuestos, no se presenta nada por ese bloque.

La comparación se hace contra la última declaración presentada por ese bloque concreto, no contra el año inmediatamente anterior. Si usted declaró cuentas en 2023 y desde entonces no ha vuelto a estar obligado, el término de comparación sigue siendo el valor declarado en 2023. Conviene conservar copia de cada declaración presentada: sin ella es imposible saber si se cruza el umbral de reiteración.

La cancelación o extinción obliga en todo caso, aunque no haya habido incremento alguno y aunque el valor esté por debajo del umbral. Se informa del saldo o valor en la fecha en que se dejó de tener esa condición y, en inmuebles, además el valor y la fecha de transmisión. Lo mismo ocurre con la revocación de una autorización sobre una cuenta. En cambio, quien nunca estuvo obligado por ese bloque no tiene que declarar la cancelación.

¿Cuál es el plazo del modelo 720 y cómo se presenta?

El plazo es del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio que se declara, sin prórroga. La campaña del ejercicio 2025 se cerró el 31 de marzo de 2026; la del ejercicio 2026 se presentará entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027. El modelo 721 de monedas virtuales sigue exactamente el mismo calendario. Conviene anotar que el 720 vence antes que la campaña de Renta y Patrimonio.

La presentación es exclusivamente telemática por internet: no existe modelo en papel ni presentación en oficina, y la orden que aprobó el modelo no contempla ninguna alternativa. Se accede con certificado electrónico admitido, DNI electrónico o, en la práctica actual de la sede de la Agencia Tributaria, con Cl@ve. Presentar por un medio distinto del telemático existiendo obligación de hacerlo así constituye por sí mismo una infracción tributaria grave, con sanción propia.

Si la presentación es aceptada, la sede devuelve los datos validados con un código seguro de verificación de dieciséis caracteres, la fecha y la hora; hay obligación de conservar ese justificante. Si concurre una incidencia técnica imputable al sistema, la orden permite presentar durante los tres días naturales siguientes al fin del plazo. Y si la Agencia Tributaria emite un requerimiento para subsanar defectos, hay diez días desde el siguiente a la notificación; si no se atiende, la obligación se tiene por incumplida.

El modelo 721: criptomonedas situadas en el extranjero

Las monedas virtuales ya no se declaran en el modelo 720: desde el ejercicio 2023 van en el modelo 721, aprobado por la Orden HFP/886/2023, con su propio umbral independiente de 50.000 €. La primera campaña del 721 se presentó entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024, referida al ejercicio 2023. Cualquier contenido que le indique declarar cripto en el 720 está desactualizado.

El ámbito del 721 son las monedas virtuales custodiadas en el extranjero por terceros que salvaguardan las claves criptográficas privadas, es decir, los saldos en plataformas de intercambio y monederos custodiados. La autocustodia en un monedero frío del que solo usted controla las claves queda fuera del modelo 721, sin perjuicio de que esos activos tributen igualmente en el IRPF cuando se transmitan y computen en el Impuesto sobre el Patrimonio.

La valoración se hace a 31 de diciembre en euros, tomando la cotización de las principales plataformas de negociación o de sitios de seguimiento de precios y, en su defecto, una estimación razonable del valor de mercado; hay que indicar la cotización utilizada y también los saldos en unidades de moneda virtual. La regla de reiteración de los 20.000 € y la de cancelación funcionan igual que en el 720. Los modelos 172 y 173 los presentan los proveedores de servicios, no el particular: la Agencia Tributaria ya conoce por esa vía los saldos en plataformas españolas.

¿Sigue existiendo la multa del 150 % del modelo 720?

No. La multa proporcional del 150 % está derogada desde el 11 de marzo de 2022 y no puede aplicarse a ninguna regularización actual. La derogación la llevó a cabo la Ley 5/2022, de 9 de marzo, cuya disposición derogatoria única eliminó las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 7/2012, que era donde vivía esa sanción. Ninguna norma vigente contempla hoy una multa proporcional sobre el valor de los bienes no declarados.

El origen del cambio es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022, asunto C-788/19, Comisión Europea contra Reino de España, que declaró incompatible con la libre circulación de capitales el régimen jurídico asociado al modelo 720. La Ley 5/2022 ejecutó esa sentencia en tres frentes: suprimió el régimen sancionador específico de la disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria, reescribió el artículo 39 de la Ley del IRPF para eliminar la imprescriptibilidad y suprimió la regla equivalente en el Impuesto sobre Sociedades.

La consecuencia práctica es doble. Primero, rige la prescripción general de cuatro años también para los bienes en el extranjero. Segundo, la prueba de que los bienes se adquirieron en un período ya prescrito vuelve a ser oponible frente a la Administración: las ganancias patrimoniales no justificadas se integran en la base liquidable general del período en que se descubran salvo que se acredite la titularidad anterior al período de prescripción. Eso era exactamente lo que la imprescriptibilidad impedía.

¿Qué sanciones se aplican hoy si no presenta el modelo 720?

Hoy se aplica el régimen general de la Ley General Tributaria: no presentar en plazo una declaración informativa se sanciona con 20 € por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 300 € y un máximo de 20.000 €, conforme al artículo 198.1. Es una infracción leve y sin perjuicio económico directo, porque el modelo no lleva cuota. Nada que ver con el orden de magnitud del régimen derogado.

Si la declaración se presenta fuera de plazo pero de forma espontánea, sin requerimiento previo de la Administración, el artículo 198.2 fija cuantías distintas: la mitad, es decir 10 € por dato, con un mínimo de 150 € y un máximo de 10.000 €. Técnicamente no es una reducción del 50 %, sino un importe legal propio para la extemporaneidad voluntaria. La única reducción propiamente dicha que cabe aquí es la del 40 % por pronto pago sin recurrir; la del 30 % por conformidad no se aplica a estas infracciones.

Si la declaración se presenta incompleta, inexacta o con datos falsos, entra en juego el artículo 199: en datos monetarios la multa puede alcanzar el 2 % del importe no declarado o declarado incorrectamente, con un mínimo de 500 €, y en datos no monetarios se fija en 200 € por dato omitido o inexacto, según la naturaleza del dato. La comisión repetida agrava la cuantía. La Agencia Tributaria precisa además que estas sanciones se aplican de forma independiente para cada una de las tres obligaciones de información.

¿Cómo se valora cada bloque y qué tipo de cambio se aplica?

Cada bloque tiene su propia regla de valoración, y todo se convierte a euros aplicando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre del ejercicio declarado. Esa fecha es la referencia común de todo el modelo y coincide con el devengo del Impuesto sobre el Patrimonio, lo que permite cuadrar ambas declaraciones con la misma documentación bancaria y evitar dar dos cifras distintas del mismo activo en dos modelos que la Administración cruza.

En cuentas hay que informar dos datos distintos y ambos obligatorios: el saldo a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre del año. En valores se aplican las reglas de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio, y la Agencia Tributaria admite además el valor de cotización a 31 de diciembre para los negociados en mercados extranjeros. En seguros de vida se declara el valor de rescate y, si no existe derecho de rescate total, la provisión matemática; en rentas temporales o vitalicias, el valor de capitalización.

En inmuebles el dato es el valor de adquisición, incluidos los gastos inherentes a la compra y los impuestos satisfechos, no el valor de mercado ni el valor catastral extranjero. La multipropiedad o aprovechamiento por turnos y los derechos de nuda propiedad y usufructo se valoran a 31 de diciembre por las reglas de la Ley 19/1991. Ni la orden del modelo ni las preguntas frecuentes de la Agencia Tributaria designan una fuente oficial concreta de tipo de cambio, de modo que conviene documentar la fuente empleada y mantenerla coherente entre ejercicios.

Cuentas conjuntas, gananciales y titularidad real

En cotitularidad el umbral se mide sobre el saldo o valor total del bien, sin prorratear entre los titulares. No se divide por el número de cotitulares: si la cuenta supera los 50.000 €, todos los cotitulares residentes quedan obligados, cada uno por su propia declaración. Es la segunda fuente de errores más frecuente después del umbral por bloque, y genera sanciones dobles cuando el matrimonio asume que basta con que declare uno.

Lo que se consigna es el saldo o valor total del bien, acompañado del porcentaje de participación que corresponde al declarante. El ejemplo que utiliza la propia Agencia Tributaria es claro: en una cuenta de 150.000 € con una participación del 30 %, se declaran 150.000 € y se indica el 30 %. Nunca se declaran 45.000 €. La misma lógica se aplica a una cartera de valores compartida entre hermanos tras una herencia.

Si un bien es ganancial pero figura formalmente a nombre de un solo cónyuge, ambos declaran: el titular formal con la clave de titular al 100 % y el otro cónyuge con la clave de otras formas de titularidad real al 50 %. Conviene recordar una asimetría poco conocida: ser autorizado genera obligación respecto de cuentas, pero no respecto de valores. Y quien es titular de una cuenta no la declara además como autorizado.

¿Qué no hay que declarar en el modelo 720?

No se declara lo que la Agencia Tributaria ya conoce por otra vía ni lo que queda fuera del ámbito objetivo del modelo. Antes de preparar la declaración conviene repasar las causas de exoneración una por una, porque declarar de más también genera trabajo, coste y riesgo de error en los datos, y cada dato inexacto es sancionable por sí mismo aunque el activo no tuviera que figurar.

Quedan exonerados los valores y fondos extranjeros depositados o comercializados por una entidad española obligada a informar a la Administración, los seguros de una aseguradora extranjera que opera en España a través de un representante obligado a informar, y los activos registrados de forma individualizada en la contabilidad de empresarios y sociedades. La regla de oro es sencilla: lo que ya llega a Hacienda por otro conducto no se duplica en el 720.

Fuera del ámbito del modelo quedan las stock options, el oro físico, las joyas, las obras de arte, los vehículos, las embarcaciones y el efectivo, así como los préstamos privados a terceros no representados por valores. Sí entran los ETF extranjeros y los seguros unit-linked, muy vendidos entre expatriados británicos. Los derechos consolidados de un plan de pensiones extranjero no se informan mientras no se produzca la contingencia. Que un bien no vaya en el 720 no significa que no compute en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Su primer año como residente fiscal en España

Si adquiere la residencia fiscal en España en un ejercicio, presenta el modelo 720 de ese ejercicio completo entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente. No existe un período de gracia ni un primer año exento, y la idea contraria es uno de los bulos más repetidos entre recién llegados a la Costa Blanca.

La razón es que España no aplica el año fiscal partido: la residencia se determina por año natural completo. Quien se traslada a Torrevieja o Alicante en marzo y permanece más de 183 días es residente fiscal por ese año entero, y su primera declaración se refiere a la situación a 31 de diciembre. De ahí un corolario poco intuitivo: si vende su vivienda de origen en octubre y a 31 de diciembre ya no la tiene, ese bloque puede quedar por debajo del umbral.

El régimen especial de trabajadores desplazados del artículo 93 de la Ley del IRPF, conocido como ley Beckham, es la excepción relevante: la Agencia Tributaria confirma que quienes están acogidos a él no resultan obligados a presentar el modelo 720, y en el Impuesto sobre el Patrimonio tributan solo por obligación real, es decir, por los bienes situados en España. El régimen dura el período impositivo del cambio de residencia y los cinco siguientes.

Conviene tener presentes tres matices. La exclusión no se extiende al cónyuge ni a los hijos que no estén acogidos al régimen, que sí pueden estar obligados. Al finalizar el régimen, renunciar a él o ser excluido, la obligación reaparece con toda su extensión. Y el primer ejercicio en régimen ordinario obliga a declarar la totalidad de lo que se tenga fuera de España, no solo lo adquirido después.

Casos típicos de expatriados en la Costa Blanca

La pensión británica, el ISA, el SIPP, las cuentas en el país de origen y la propiedad heredada fuera de España concentran la mayoría de las dudas en Torrevieja, Orihuela Costa, Guardamar y Jávea. El Brexit no cambió nada en este modelo: la obligación depende de la residencia fiscal en España, no de la nacionalidad ni de la pertenencia del país de origen a la Unión Europea. Lo que sí cambió, y mucho, es el coste de un olvido tras la sentencia de 2022.

El ISA británico no tiene equivalente exento en España: un stocks and shares ISA es una cartera de valores extranjeros y computa en el bloque de valores, mientras que un cash ISA funciona como depósito y computa en el bloque de cuentas. Sus rendimientos tributan además en el IRPF español pese a estar exentos en el Reino Unido. Es, con diferencia, el error más caro entre residentes británicos de la Costa Blanca.

Con un SIPP la respuesta depende del contrato. Los derechos consolidados no se informan mientras no se produzca la contingencia, pero si el producto permite el rescate total en términos análogos a un seguro de vida, la doctrina administrativa entiende que sí procede informar el valor de rescate; y una vez que se percibe como renta derivada de la entrega de un capital, se informa la renta. Una pensión estatal en curso de pago no es por sí misma un activo declarable en el 720, aunque sí tribute en la Renta.

Los compradores rusos, ucranianos o kazajos deben saber que el modelo no distingue por país: las cuentas en Rusia, Kazajistán, Emiratos o Chipre entran igual, y un saldo bloqueado por sanciones sigue siendo titularidad del declarante, de modo que la iliquidez no exime de informar. En herencias, los herederos quedan obligados desde la aceptación, y si el cónyuge viudo conserva el usufructo y los hijos la nuda propiedad, cada uno declara su derecho por separado. Para los estadounidenses, FBAR y FATCA son obligaciones independientes del 720.

El modelo 720 frente al IRPF, el modelo 714 y el impuesto de grandes fortunas

El modelo 720 no genera ningún pago: es una declaración informativa sin cuota. Lo que puede generar tributación son otras tres obligaciones distintas que conviene cuadrar con los mismos datos y la misma fecha de referencia, el 31 de diciembre. Declarar en el 720 y olvidar el IRPF o el Patrimonio es una incoherencia que la Administración detecta con facilidad.

En el IRPF tributan las rentas que producen esos bienes: intereses, dividendos, rendimientos del alquiler de un inmueble en el extranjero, ganancias patrimoniales por su venta y las pensiones que corresponda gravar en España. Para evitar la doble imposición se aplica la deducción del artículo 80 de la Ley del IRPF, que permite restar la menor de dos magnitudes: el impuesto análogo efectivamente satisfecho fuera, o el tipo medio efectivo aplicado a la parte de base liquidable gravada en el extranjero.

El Impuesto sobre el Patrimonio se declara con el modelo 714, y en el ejercicio 2025 su plazo fue del 8 de abril al 30 de junio de 2026, igual que la Renta. El mínimo exento estatal es de 700.000 €, pero cada comunidad puede fijar el suyo: la Comunitat Valenciana lo estableció con carácter general en 1.000.000 € para el ejercicio 2025, importe que no aplica en Madrid, Andalucía ni Cataluña. Ojo a una trampa habitual: hay obligación de declarar si el valor de los bienes supera los 2.000.000 €, aunque la cuota sea cero.

Por encima queda el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, un tributo estatal que grava el patrimonio neto superior a 3.000.000 € con tipos del 1,7 %, 2,1 % y 3,5 % según el tramo, con un mínimo exento de 700.000 € extendido a residentes y no residentes por el Real Decreto-ley 8/2023. Sigue en vigor mientras no se revise la tributación patrimonial. Se declara con el modelo 718 del 1 al 31 de julio del año siguiente al devengo, pero solo están obligados a presentarlo quienes obtienen cuota a ingresar: con el mínimo exento de 700.000 € y el primer tramo al 0 %, eso ocurre a partir de unos 3.700.000 € de patrimonio neto.

Errores frecuentes de valoración y de conversión a euros

El error más caro es medir el umbral sobre la cuota de cada cotitular en lugar de sobre el valor total del bien, porque deja fuera la declaración entera de uno de los cónyuges. Le siguen, por frecuencia, olvidar el saldo medio del cuarto trimestre en las cuentas, usar el valor de mercado en vez del valor de adquisición en los inmuebles y dejar fuera la cuenta pequeña del país de origen, que sí computa para el umbral.

En la conversión a euros se aplica el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre del ejercicio declarado, no el tipo medio del año ni el de la fecha de apertura o de compra. Como la norma no designa una fuente oficial concreta, lo prudente es dejar constancia de la fuente utilizada, aplicarla de forma uniforme a todos los activos del mismo ejercicio y conservar el cálculo junto con el resto de la documentación soporte.

Hay un detalle que sorprende a muchos residentes británicos: en cuentas y valores la variación del tipo de cambio sí se tiene en cuenta para determinar si el bloque ha aumentado en más de 20.000 € y hay que volver a declarar, mientras que en inmuebles no se tiene en cuenta, porque el valor de adquisición es un dato histórico. Una libra que se aprecia frente al euro puede obligar a re-declarar una cartera sin haber comprado ni vendido nada.

Por último, conviene abandonar la idea de que estos activos son invisibles. España recibe información de cuentas financieras a través de los mecanismos de intercambio automático y, más recientemente, también de plataformas digitales y de operadores de criptoactivos. La pregunta relevante ya no es si la Administración lo sabe, sino si conviene regularizar de forma espontánea antes de un requerimiento: la presentación extemporánea voluntaria reduce a la mitad la sanción y, acompañada de la regularización del IRPF, limita el coste al recargo por declaración extemporánea.